Un jubilado quedó cuatro años sin cobrar por un error del Estado y la Justicia ordenó indemnizarlo con más de 94 millones

Estaba convencido de que había llegado el momento de la jubilación. Había trabajado durante décadas y contaba, además, con un acuerdo que debía garantizarle ingresos hasta alcanzar la edad necesaria para retirarse. Pero un cálculo administrativo equivocado del Estado cambió completamente sus planes.

El protagonista es un trabajador de Andalucía, España, que terminó pasando cuatro años sin cobrar ni su jubilación ni la renta que debía funcionar como respaldo económico. La situación se extendió entre 2018 y 2022 y finalmente llegó a los tribunales. El desenlace fue contundente: la Junta de Andalucía deberá indemnizarlo con más de 55.300 euros (lo que equivale a más de 82 millones de pesos argentinos o 63.600 dólares) por los perjuicios ocasionados.

La resolución alcanzó al Tribunal Supremo español, que confirmó la compensación y estableció que el jubilado no podía ser responsabilizado por un error cometido por la administración.

Para entender el conflicto hay que remontarse varias décadas. El hombre había comenzado su vida laboral en 1981 y en 2003 quedó incluido en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Como parte de ese acuerdo, pasó a recibir una renta temporal equivalente al 78% de su salario, financiada mediante un seguro colectivo establecido entre el Estado y la Junta de Andalucía.

El mecanismo debía garantizarle ingresos hasta que alcanzara la edad legal para jubilarse. El problema apareció en 2018, cuando intentó acceder a la jubilación anticipada.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó entonces su solicitud porque calculó que todavía le faltaban 1.400 días para reunir los requisitos necesarios. El dato era incorrecto, pero desencadenó un problema mucho mayor: el trabajador no solamente quedó sin la jubilación, sino que también perdió la renta que venía percibiendo.

Así comenzó un período de cuatro años en el que no tuvo ninguna de las dos fuentes de ingresos.

El impacto del error fue mucho más allá de una discusión administrativa. Durante ese período, el hombre debió depender económicamente de personas de su entorno para poder subsistir.

La Justicia determinó posteriormente que el origen del problema había sido el cálculo incorrecto comunicado por el INSS. Pero también puso la lupa sobre la actuación de la Junta de Andalucía, que había tomado esa información como válida sin realizar una comprobación adicional.

El conflicto llegó inicialmente al Juzgado de lo Social N° 3 de Huelva, que responsabilizó a la administración autonómica por las consecuencias económicas sufridas por el trabajador.

La sentencia dejó además una definición especialmente significativa para casos similares: “El trabajador no debe pagar las consecuencias de los errores administrativos en la determinación de su edad de jubilación”, sostuvo el juez.

Uno de los puntos centrales del fallo fue determinar quién debía soportar económicamente las consecuencias del error.

La Justicia consideró que la administración tenía la obligación de garantizar la renta acordada hasta que el trabajador alcanzara su edad ordinaria de jubilación, independientemente de que hubiera intentado acogerse anticipadamente al retiro.

En otras palabras, aun cuando existiera una controversia respecto de cuándo podía jubilarse, no correspondía dejarlo completamente sin ingresos.

El Tribunal Supremo terminó confirmando el criterio y desligó al pensionista de cualquier responsabilidad. La indemnización establecida supera los 55.300 euros y busca compensar los daños derivados de los años durante los cuales dejó de percibir los ingresos que le correspondían.

La importancia del caso no se limita al dinero que recibirá el jubilado. La resolución vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central en la relación entre los ciudadanos y el Estado: quién responde cuando una decisión administrativa equivocada provoca un perjuicio económico concreto.

En este caso, los tribunales entendieron que no podía trasladarse esa carga al trabajador, especialmente cuando había cumplido con los requisitos que estaban bajo su responsabilidad.

El fallo termina así con una situación que comenzó con una diferencia aparentemente técnica —un cálculo equivocado de 1.400 días— y terminó dejando a una persona durante cuatro años sin los ingresos previstos para sostenerse después de haber pasado décadas en el mercado laboral.