La Justicia interviene en la polémica por la bóveda de Recoleta donde quieren hacer un gift shop: qué dice la ley y cómo funciona el cementerio

Cafecitos en las plazas, en los parques, en los centros culturales, en museos, y también en el Cementerio de la Recoleta. El gobierno porteño llamó a licitación pública para transformar una bóveda familiar, construida a fines del 1800, en un local de venta de café al paso y de souvenirs. La propuesta generó una gran polémica y un heredero de la familia arrendataria de la bóveda interpuso una acción judicial para impedir que el proyecto se lleve a cabo.

El primer camposanto público porteño ocupa un poco más de 5 hectáreas en Recoleta, delimitado por las calles Junín, Vicente López, Azcuénaga y la Iglesia del Pilar. Concentra casi 4.800 bóvedas. Muchas de sus construcciones son Monumento Histórico Nacional; y toda su extensión se encuentra ubicada dentro de un Area de Protección Histórica (número 14 “Ambito Recoleta”).

En sus sepulcros descansan los restos de 26 presidentes y 5 miembros de la Primera Junta. Es una auténtica usina de historias, leyendas y mitos; y además una ciudad en miniatura, un auténtico catálogo de construcciones que atraviesan todos los estilos arquitectónicos, plagado de cúpulas, esculturas y obras de arte. En 2022 cumplió 200 años y en ese momento Clarín publicó un mapa interactivo en donde se pueden explorar muchas de sus más destacadas bóvedas.

Todos los días recibe más de 1.800 visitas. Como ocurre en muchas otras ciudades del mundo con cementerios históricos, es un gran atractivo turístico. Todo este combo que caracteriza su perfil es también parte de la polémica que afronta este proyecto del gobierno porteño.

¿Se puede instalar un cafecito en el camposanto? En Buenos Aires el funcionamiento de Recoleta, Flores y Chacarita -los tres camposantos existentes- depende de la Dirección General de Cementerios.

Dentro de la Ley 4.977, de “Régimen jurídico y poder de policía en materia mortuoria en los cementerios” porteños, el artículo número 22 aclara que “queda prohibida toda actividad comercial, en sus diferentes formas“. El texto amplía: “Y en particular la venta de bóvedas, panteones, nichos, artículos y servicios funerarios dentro de los predios de los cementerios”. Sencillo y directo, sin grises ni vericuetos.

La Ciudad dice que la bóveda que se entregará en licitación se encuentra en estado de abandono. “Tras completarse el procedimiento administrativo establecido por Ley, fue restituida al gobierno porteño”, explicaron.

Pero la aparición de una parte de la familia obligó a la intervención de la Justicia, que se hizo presente en el cementerio para una inspección ocular. “La licitación se convocó mientras aún están en la bóveda nuestros difuntos, nuestra familia”, dijo el abogado Pablo Girado Passo. Contó que se trata de una concesión a perpetuidad y que la bóveda se construyó en 1880.

“Solicitamos la nulidad de todo lo actuado. Porque además la ley establece que para recuperar la titularidad, el Gobierno tiene que notificar de manera fehaciente a los herederos. Sin embargo, las notificaciones llegaron a domicilios en donde no vivía ningún Girado”, detalló.

No sólo la familia arrendataria se manifestó en contra de la intención del gobierno porteño; desde la ONG Basta de Demoler, hasta la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta e incluso legisladores, que elevaron un pedido de informes desde la Legislatura.

En el cementerio son muchas las bóvedas que se encuentran deterioradas y en estado de abandono, pero ésta particularmente se puso en la lupa de la Ciudad porque se encuentra ubicada sobre un lateral del predio, sobre la calle Junín, a la izquierda del portal principal del cementerio. La bóveda es lindera a un portón secundario que no se usa para ingreso y egreso diario. Pero que justamente puede facilitar la carga y descarga de insumos para un futuro proyecto comercial como el que propone la Ciudad.

El descuido es más que evidente. Uno de los símbolos del avance de las patologías en este tipo de construcciones es el crecimiento de plantas en fachada y techos; desprendimiento del revestimiento exterior; daños en los vitrales; en las puertas de acceso, entre otras cosas.

Como indica la ley, el mantenimiento de las construcciones es responsabilidad de las familias arrendatarias. En los años en los que se mandaban a construir estas bóvedas, las familias de la elite local -terratenientes y comerciantes en su mayoría- también estaban construyendo las residencias, palacios y petit hoteles que habitaban en Buenos Aires. A una escala pequeña, repetían el estilo grandilocuente del lugar en donde sus restos iban a descansar por siempre. Esto es justamente lo que hace tan particular y pintoresco a este cementerio.

Además del mantenimiento, existe la obligación de un pago anual. Para tener una idea: según la ley tarifaria vigente, se paga anualmente $ 30.880 por metro cuadrado en Recoleta (el doble del valor que en Flores y Chacarita). Es decir que en el caso de bóveda de los Girado, el canon es de $ 772.000 al año.

En off the record, un empleado del cementerio le dijo a Clarín que todo el tiempo se intima a las familias a pagar: “Además, a que se hagan cargo de las reparaciones de las bóvedas. En el cementerio existen las mismas reglamentaciones que en el resto de la Ciudad y los desprendimientos de fachadas pueden ser un problema grave”. Otro tema es la titularidad y los cambios de domicilio: “Las familias están obligadas a informar los cambios de domicilio y también hacer el trámite de cambio de titularidad del arrendamiento, porque puede haber casos en los que el titular original firmó a principios del 1900”.

Más allá de que las familias intervengan o no, por supuesto que la Ciudad también es responsable. La ley establece que si los titulares no dan respuesta, el cementerio realizará las obras y refacciones necesarias y luego puede dar de baja la concesión e incluso reclamar el cobro judicial de la deuda.

Todo debe ser publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad y en un diario de circulación masiva; Pablo Girado Posse confirmó que esto último no sucedió.

Todo el tiempo se publican en el Boletín llamados a regularizar estas y otras situaciones. Decenas de intimaciones, desde hace años, para que las familias declaren interés en las bóvedas y paguen las deudas; también convocatorias para el retiro de los restos.

Ahora mismo la zona donde está ubicada la bóveda se encuentra vallada, con personal de seguridad que intenta impedir que la gente tome fotos. La Ciudad no informó cuáles serán los pasos a seguir, luego de la aparición pública de la familia, y de la resistencia que generó en la conversación pública.

Más allá de esta bóveda, tampoco se sabe si existe un plan de puesta en valor y restauración general del cementerio.

En paralelo, en la Legislatura porteña se presentaron dos pedidos de informes sobre este tema. Las legisladoras Bárbara Rossen y Claudia Neira, y el legislador Francisco Caporiccio (de Fuerza por Buenos Aires), buscan saber con qué criterio se avanzó en la licitación cuando la propia ley de cementerios establece la prohibición de actividades comerciales. Mientras que Manuela Thourte y Guillermo Suárez (Ciudadanos Unidos/UCR) pusieron el foco en el respeto hacia las personas sepultadas en el lugar y sus familiares, y la preservación no sólo del patrimonio, sino también de los usos tradicionales de un cementerio.