Revés para Donald Trump: la Justicia bloqueó las restricciones a las compras con SNAP y se podrán comprar bebidas azucaradas y dulces

Un juez federal resolvió que el gobierno de Estados Unidos no puede impedir que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) utilicen sus fondos para comprar dulces, refrescos y otras bebidas azucaradas. La decisión representa un revés para la administración del presidente Donald Trump y deja sin efecto las restricciones vigentes o previstas en 23 estados.

La jueza Amy Berman Jackson, del tribunal federal de Washington, concluyó que el gobierno federal actuó por fuera de la ley al modificar qué productos podían adquirirse con los beneficios del programa. En su fallo, aclaró que la resolución no constituye una valoración sobre la conveniencia de promover una alimentación más saludable, sino sobre el cumplimiento de la legislación vigente.

“Es posible que los acusados federales y los estados tengan un deseo genuino de mejorar la salud de los hogares que reciben el programa SNAP al fomentar opciones saludables en las tiendas, y pueden tomar medidas legales para lograr esos objetivos. Pero lo que no pueden hacer es violar la ley y sus propias regulaciones en el proceso”, escribió la magistrada.

Las restricciones formaban parte de la iniciativa “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, impulsada por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Ambos promovieron cambios para limitar el uso de la ayuda alimentaria en la compra de productos con alto contenido de azúcar.

El argumento del gobierno sostiene que las bebidas azucaradas y los dulces contribuyen al aumento de la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas, por lo que eliminar esos productos de las compras realizadas con SNAP favorecería hábitos de alimentación más saludables.

Hasta el momento, el Departamento de Agricultura había autorizado a 23 estados a aplicar restricciones. Algunas ya estaban en vigor y otras debían comenzar durante los próximos meses o años. Sin embargo, las normas no eran iguales en todo el país. Algunos estados pretendían prohibir tanto los dulces como las bebidas azucaradas, mientras que otros solo apuntaban a estas últimas.

La demanda fue presentada por beneficiarios del programa SNAP en Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental. Los demandantes cuestionaron las prohibiciones sobre refrescos, dulces y, en algunos estados, bebidas deportivas.

El caso también expuso dificultades prácticas para aplicar las restricciones. En Colorado, por ejemplo, la junta estatal de servicios humanos decidió abandonar el proyecto después de escuchar a beneficiarios y organizaciones que advirtieron sobre el riesgo de estigmatización y la confusión que podían generar las nuevas reglas. Entre otros puntos, señalaron que algunas bebidas con al menos un 50 % de jugo de frutas o verduras estaban permitidas, mientras que otras con menor contenido quedaban prohibidas.

La jueza sostuvo que el principal problema jurídico consistió en que el gobierno ignoró la definición de “alimento” establecida por el Congreso. La legislación que regula SNAP autoriza la compra de cualquier alimento o producto alimenticio para consumo doméstico, con excepciones específicas como bebidas alcohólicas, tabaco y comidas calientes listas para consumir. La posibilidad de restringir productos por motivos nutricionales no figura entre las excepciones previstas por la ley.

El Departamento de Agricultura todavía no informó si apelará el fallo. El litigio se suma a otras disputas judiciales sobre el alcance de las facultades de la administración Trump para modificar políticas federales sin una nueva aprobación del Congreso.

SNAP es el programa de ayuda alimentaria más importante de Estados Unidos. Actualmente brinda asistencia a cerca de 39 millones de personas, lo que equivale aproximadamente a uno de cada nueve habitantes del país. En los últimos meses, el programa quedó en el centro del debate tras la aprobación de nuevos requisitos laborales para algunos beneficiarios y cambios en el financiamiento que deberán asumir los estados.