María Soledad Morales, el femicidio que sacudió al poder político en los ’90
La década de los 90 está salpicada de negociados y escándalos. La falta de controles y la sensación de impunidad animó a diversos funcionarios a hacer negocios a costa del Estado.
Un elemento central para entender la continuidad de la impunidad de los funcionarios fue la escasísima actividad judicial en estos casos, amparada por una Corte Suprema de Justicia, ampliada al efecto, que no se pronunció en contra del Poder Ejecutivo en ninguno de los casos en que se acudió a ella.
Corría 1990. Argentina salía lentamente de la hiperinflación y el presidente Carlos Menem se alejaba de los principios peronistas a medida que se acortaban sus patillas y se volvía, en palabras del periodista Bernardo Neustadt, “rubio y de ojos celestes” para los factores de poder.
En Catamarca, una provincia marcada por el poder feudal de la dinastía peronista de los Saadi, la vida parecía transcurrir entre silencios cómplices y estructuras que no se movían. Hasta que una joven de 17 años, María Soledad Morales, fue asesinada brutalmente. Y todo cambió.
María Soledad era estudiante del Colegio del Carmen y San José. Tenía sueños simples y nobles: quería ser maestra jardinera para ayudar a su humilde familia.
El 7 de septiembre de 1990 asistió a una fiesta de egresados en la discoteca Le Feu Rouge. Faltaban 5 días para celebrar su cumpleaños número 18. El festejo quedó trunco. Nunca volvió.
La joven fue llevada por su novio Luis Tula a la discoteca Clivus y presentada a varios conocidos del joven. Allí fue drogada y trasladada a un domicilio particular donde fue violada por varios hombres y golpeada con saña hasta la muerte.
Dos días después, su cuerpo apareció en un zanjón de la Ruta Nacional 38, en un paraje conocido como Parque Daza, a siete kilómetros de la capital provincial.
El horror era indescriptible.
Los nombres de los responsables que empezaron a circular no eran los de simples delincuentes.
Eran los hijos del poder: Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional; Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente; Arnoldito Saadi, primo del gobernador; y Miguel Ferreyra, hijo del jefe de policía. La impunidad parecía garantizada. Pero algo se quebró.
La monja Martha Pelloni, rectora del colegio del Carmen y San José, del que era alumna María Soledad, organizó las primeras marchas del silencio. Miles de personas salieron a las calles con velas, sin gritar, sin insultar. Solo con el dolor y la dignidad como bandera. Fue un despertar colectivo. El país entero miró hacia Catamarca.
El presidente Menem tuvo que intervenir. El gobernador Ramón Saadi renunció. La democracia empezaba a mostrar que podía responder.
En 1998, Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por “violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes”. Luis Tula, supuesto novio de María Soledad, recibió 9 años como partícipe secundario. Ambos están libres.
Nadie más fue condenado. El encubrimiento, las irregularidades, el lavado del cuerpo por orden policial… todo quedó impune.
El caso de María Soledad fue uno de los femicidios con más alta visibilidad de la historia argentina.
Todavía no se hablaba en los medios de género, ni de patriarcado, ni de violencia institucional. Se usaba el bochornoso término de “crimen pasional”.
Pero la historia de la joven catamarqueña obligó a mirar de frente lo que muchos querían ignorar. Fue el inicio de una conciencia colectiva.
Y el crimen de María Soledad sigue rimando con cada injusticia que se intenta silenciar. Porque cuando el pueblo se pone de pie, hasta el poder más enquistado tiembla.
