Una pequeña isla vende “pasaportes dorados” desde 90.000 dólares para financiar su lucha contra el cambio climático

Nauru, uno de los países más pequeños del mundo, encontró una forma poco convencional de financiar su adaptación al cambio climático. Este Estado insular del Pacífico puso en marcha un programa de ciudadanía por inversión que permite a extranjeros obtener un “pasaporte dorado” a cambio de una contribución desde 90.000 dólares. Los fondos recaudados se utilizarán para financiar un ambicioso plan destinado a proteger al país del aumento del nivel del mar, una amenaza que pone en riesgo gran parte de su territorio.

La iniciativa comenzó a implementarse a principios del año pasado y forma parte de una estrategia para recaudar recursos destinados a trasladar a aproximadamente el 90% de las familias y de la infraestructura nacional hacia zonas más elevadas de la isla.

Con apenas 21 kilómetros cuadrados de superficie, Nauru enfrenta desde hace años una combinación de desafíos ambientales. Gran parte de su interior quedó degradado tras décadas de explotación minera de fosfato, lo que limita las áreas aptas para el desarrollo urbano. Como consecuencia, la mayor parte de la población vive en la franja costera, precisamente la zona más expuesta al incremento del nivel del océano y a las inundaciones.

El programa ofrece la ciudadanía nauruana a quienes superen un proceso de evaluación compuesto por cuatro etapas y realicen una contribución económica.

Actualmente, el costo promocional para un solicitante individual es de 90.000 dólares, una cifra reducida respecto de la tarifa estándar de 115.000 dólares, vigente fuera del período de descuento.

A cambio, los nuevos ciudadanos reciben un pasaporte que permite ingresar sin visa o con visa al llegar a más de 85 destinos, entre ellos importantes centros financieros y comerciales como Singapur y Hong Kong.

Sin embargo, la ciudadanía tiene algunas limitaciones. Obtener el pasaporte no otorga automáticamente el derecho a comprar tierras en Nauru, ya que la propiedad inmobiliaria continúa restringida por la legislación local.

Las autoridades también destacan que todos los aspirantes deben superar controles de antecedentes antes de ser aprobados.

El programa de Nauru se suma al creciente mercado mundial de ciudadanía por inversión, un mecanismo utilizado por distintos países para atraer capital extranjero.

Estas iniciativas suelen captar el interés de personas con alto patrimonio que buscan una segunda ciudadanía para facilitar viajes internacionales, desarrollar negocios o diversificar sus inversiones.

En África, por ejemplo, ciudadanos de países como Nigeria, Egipto, Kenia y Sudáfrica han mostrado interés en este tipo de programas para acceder con mayor facilidad a mercados internacionales.

El modelo también es ampliamente utilizado en varios países del Caribe, donde existen programas similares cuyos requisitos económicos suelen ser considerablemente más altos.

En esos casos, las inversiones mínimas oscilan entre 200.000 y 250.000 dólares, dependiendo del país y del tipo de inversión elegida.

A diferencia de otros programas orientados principalmente a atraer inversiones, el gobierno de Nauru vincula directamente esta iniciativa con la supervivencia del país.

Los datos climáticos muestran que el nivel del mar alrededor de la isla aumentó durante las últimas décadas a un ritmo superior al promedio mundial, incrementando la frecuencia y la intensidad de las inundaciones costeras.

Frente a ese escenario, las autoridades diseñaron un plan de reubicación que contempla trasladar viviendas, infraestructura crítica y servicios públicos hacia sectores más elevados.

Solo la primera etapa del proyecto demandará más de 60 millones de dólares, según las estimaciones oficiales.

El programa de ciudadanía busca convertirse en una fuente adicional de financiamiento para cubrir esos costos sin depender exclusivamente de ayuda internacional.

Como ocurre con otros programas de “pasaportes dorados”, la iniciativa generó cuestionamientos relacionados con la seguridad internacional.

Diversos gobiernos y especialistas advirtieron que este tipo de esquemas puede ser utilizado por personas vinculadas con actividades ilícitas si los controles no son suficientemente estrictos.

Nauru asegura haber incorporado mecanismos de verificación mucho más rigurosos para evitar ese riesgo.

Entre las medidas adoptadas figuran controles exhaustivos de antecedentes, monitoreo permanente de los nuevos ciudadanos e incluso la posibilidad de revocar la ciudadanía si posteriormente se demuestra la participación del beneficiario en delitos graves.

Estas precauciones responden también a antecedentes del propio país.

A comienzos de los años 2000, Nauru implementó un programa similar que finalmente fue cancelado después de que surgieran denuncias de que personas vinculadas con organizaciones criminales y problemas de seguridad habían obtenido pasaportes del país.

Las autoridades sostienen que el nuevo esquema incorpora estándares mucho más exigentes para preservar la integridad del programa.

Pese al debate, la iniciativa continúa despertando interés.

Desde su lanzamiento ya se concedieron más de 120 ciudadanías, según datos difundidos por los administradores del programa.

Las autoridades no revelaron cuántas solicitudes fueron rechazadas durante el proceso de evaluación.

Para sus defensores, la propuesta ofrece una fuente de ingresos indispensable para un país que enfrenta una amenaza existencial derivada del cambio climático y cuya capacidad para generar recursos propios es limitada.

Los críticos, en cambio, cuestionan que la ciudadanía pueda obtenerse mediante una contribución económica y sostienen que este tipo de programas plantea desafíos éticos y de seguridad que requieren controles permanentes.