Defensa de Consumidor: embargaron una cuenta de Open Sports y la sancionaron con 10 millones de pesos

La directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Sabrina Utreras Montes, confirmó que el Municipio logró el embargo de una cuenta de la empresa Open Sports como consecuencia del incumplimiento de una resolución dictada en un expediente iniciado por una consumidora de San Pedro.

El reclamo se originó en julio de 2023, cuando una vecina compró un par de zapatillas por $ 33.999 para regalar. Antes de concretar la compra consultó si podrían cambiarse en caso de que el talle no fuera el correcto y recibió una respuesta afirmativa. Sin embargo, cuando regresó al local para realizar el cambio, le informaron que el calzado había sido usado y rechazaron el pedido.

Ante esa situación, la consumidora recurrió a la OMIC, que inició el procedimiento previsto por la Ley de Defensa del Consumidor. Según explicó Utreras Montes, la empresa fue notificada en cuatro oportunidades mediante carta documento: primero para participar de una instancia conciliatoria, luego mediante una segunda intimación y, finalmente, durante el procedimiento sancionatorio. En ninguna de esas instancias presentó respuesta alguna.

Concluido el trámite administrativo, el Juzgado Municipal de Faltas impuso a la firma una multa de $ 10 millones, equivalente a 30 salarios mínimos vigentes al momento de la resolución, además de ordenar el pago de $ 400.000 en concepto de daño directo para la denunciante, monto que representaba el valor actualizado del mismo modelo de zapatillas.

Como la empresa tampoco abonó la multa, el Municipio inició su ejecución por vía de apremio a través de la Asesoría Letrada. Ese proceso derivó en el embargo de una de las cuentas bancarias de la firma, medida que se conoció en las últimas horas.

Durante la entrevista en el programa Sin Galera, Utreras Montes destacó que el caso constituye un ejemplo. Resaltó la importancia de sostener los reclamos hasta el final, que en definitiva es un consejo reiterado que se señala a todo cliente disconforme por una compra en comercios.

También remarcó que muchas veces las empresas no responden las notificaciones administrativas y recién toman dimensión del conflicto cuando se inicia la ejecución judicial.

La funcionaria recordó, además, que la resolución administrativa podía ser cuestionada únicamente mediante una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa, pero la empresa nunca utilizó esa vía, dejando firme la sanción impuesta por el Juzgado de Faltas.