El Concejo recibió el convenio por la deuda con Ashira y el oficialismo busca los votos para aprobarlo

A casi un mes desde la firma del convenio de pago en 90 cuotas de la deuda de más de 3600 millones de pesos que la Municipalidad mantienen con Ashira, el Concejo Deliberante recibió el expediente para comenzar su tratamiento.

Así, los concejales pueden empezar a analizar el acuerdo, que tendrá ingreso formal recién en la sesión del 13 de agosto para ser remitido a las comisiones correspondientes donde se lo tratará para dictaminar y luego, quizás en la sesión siguiente, votarlo.

Ello dependerá de la capacidad política del Gobierno y del oficialismo en el HCD para obtener los votos suficientes para aprobarlo, que son 12, puesto que se necesita mayoría calificada para aprobarlo.

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El Gobierno necesita al menos cinco votos de la oposición para aprobar el expediente.

El convenio implica una quita de alrededor de 232 millones de pesos por parte de Ashira, que corresponden a los intereses moratorios devengados por el atraso en los pagos mensuales en los que incurrió la Municipalidad.

Como detalló La Opinión cuando adelantó los términos del acuerdo, las 90 cuotas implican que el compromiso de pago de la deuda abarcará tres gestiones municipales, la presente y dos más, puesto que finalizará en diciembre de 2033.

Las cuotas mensuales del convenio son de casi 93 millones de pesos. Ello implica que cuando termine el plazo previsto de siete años y medio para el pago, el Municipio habrá abonado un total de 8351 millones, más del doble del capital adeudado.

El interés acordado se devengará con arreglo a la tasa Tamar publicada por el Banco Central más 3 % e IVA. Cada mes, la cuota se recalculará de acuerdo a la tasa vigente.

El convenio contiene la posibilidad de cancelar la deuda total o parcialmente con uno o más inmuebles municipales, una decisión que generó polémica y provocó que vecinos levanten firmas para oponerse.

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El convenio prevé la posibilidad de entregar propiedades municipales en parte de pago.

Ese punto implica que el Gobierno pueda entregar bienes de dominio privado del Estado municipal como parte de pago, aunque llegado el caso deberá contar con la aprobación específica del Concejo, más allá de la autorización que puede establecer la aprobación del acuerdo.

El oficialismo tiene siete votos propios y necesita el acompañamiento de al menos cinco concejales más para aprobar el convenio. Por lo pronto, el resultado es de final abierto.

El Gobierno podría contar con los votos de los cuatro ediles del denominado “interbloque de la gobernabilidad” (Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce), pero aun así le faltaría un voto.

La secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, tuvo a su cargo el diálogo inicial con el resto de los bloques, lo que demoró casi un mes el envío del expediente al Concejo. Sin embargo, el proyecto ingresó sin los votos garantizados.

Les tocará ahora al presidente del cuerpo, Martín Baraybar, y la presidenta del bloque oficialista, Soledad Llull, apuntalar la tarea de Cuscuela como responsable de la gestión política para alcanzar los votos necesarios para aprobar el expediente.

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Soledad Llull y Martín Baraybar, los referentes del oficialismo en el HCD.

La deuda con Ashira existe y hasta tiene períodos judicializados. Además de pagar los 93 millones de la cuota del convenio, si lo aprueban, el Municipio deben abonar todos los meses alrededor de 362 millones más los ajustes que establece el contrato. 

Son más de 450 millones de pesos con los que tiene que contar cada mes, en un contexto económico y financiero cuesta arriba, con adelanto de coparticipación para pagar aguinaldo a personal de planta —médicos, funcionarios y concejales no cobraron— y descubierto bancario para cumplir con los sueldos.

La Rendición de Cuentas 2025 reveló que la cobrabilidad de la tasa por servicio de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) es del 53 por ciento, que alcanza para el 25 % del total del costo, y que aun si el total de los contribuyentes estuvieran al día tampoco alcanzaría.

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