Rendición de Cuentas: los decretos reservados son “acomodos” de familiares de funcionarios, concejales y punteros

Este viernes el Concejo Deliberante tratará la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2025 en una sesión especial convocada para las 14.30, luego de la sexta ordinaria, que tuvo lugar este jueves.

En un clima caldeado por el altercado que protagonizaron los ediles Ariel Rey y Martín Rivas, con acusaciones de golpes de puño incluidas, el Gobierno confía en que obtendrá los votos necesarios para aprobar las cuentas del ejercicio 2025, año electoral.

La situación entre Rivas y Rey ocurrió mientras varios concejales estaban en la Secretaría de Economía para tomar vista de los denominados “decretos reservados“, una serie de documentos que figuran así en el Boletín Oficial, es decir sin detalle público.

Gran sorpresa se llevaron los concejales presentes en esa revisión al detectar que los casi 130 decretos “escondidos” por el Gobierno de la visibilidad pública del Boletín Oficial no tienen una relevancia de “secreto de Estado”.

Muy por el contrario, son un secreto a voces: nombramientos, pases a planta, bonificaciones y recategorizaciones, la gran mayoría de personas con vínculos políticos.

Un clásico: acomodos a troche y moche. Hay familiares directos de funcionarios y concejales y hasta miembros del Concejo Deliberante, más los clásicos hijos o parientes de punteros políticos, lo que no hace otra cosa que alimentar sospechas en un año electoral.

Al interior del gabinete no faltaron las voces que consideraron que la modalidad podría traer problemas. Habían visto lo obvio: todos juntos iban a llamar la atención, sobre todo a la hora de la Rendición de Cuentas.

Entre los más llamativos a los que tuvo acceso La Opinión aparecen por ejemplo el pase a planta permanente de la pareja de la concejala presidenta del bloque oficialista Soledad Llull.

El ingreso a la Municipalidad de la hermana del exdirector de Deportes y actual concejal Valentín Bravo, lo que ocurrió en plena campaña electoral en la que él encabezaba la lista de Salazar.

La incorporación a carrera médico hospitalaria del concejal Diego Lafalce, empleado municipal a quien le correspondería ese régimen porque es licenciado en Enfermería, aunque se la consignaron mientras no está desempeñando tareas, puesto que como edil debe estar de licencia en su rol de  trabajador del Estado local.

El traslado a comisión a Fiscalía de la hija del secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, quien ya había sido designada como empleada municipal y trabajaba en el Juzgado de Faltas.

Además, entre los decretos reservados el Gobierno puso la lista de renovación de cargos temporarios, algo que habitualmente publicaba La Opinión y que solía ser, en todos los gobiernos, motivo de “disgustos” puertas adentro de Palacio.

Allí, como siempre, aparecen apellidos vinculados a punteros políticos, empleados municipales de aceitada relación con el Gobierno, funcionarios del gabinete y a concejales.

Durante la sesión del jueves, el concejal Joaquín González, de La Libertad Avanza, dijo que habían visto los decretos reservados y que “todos los de acá“, por el Concejo Deliberante, “tienen familiares, los acomodan con bonificaciones y demás“.

Algo similar dijo Ariel Rey en diversas notas periodísticas que dio después de que La Opinión lo entrevistara en relación a lo ocurrido con Martín Rivas cuando miraban esos decretos.

Todo indica que la oposición, que tuvo la posibilidad de revisar esos casi 130 decretos reservados que el Gobierno decidió “esconder” de los boletines oficiales, expondrá al respecto en la sesión especial de este jueves.