Rendición de Cuentas: piden detalles de 60 facturas de una empresa con vínculos políticos y sindicales

El Concejo Deliberante debe tratar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 antes del 31 de mayo y lo hará este viernes, en una sesión extraordinaria convocada para tal fin para las 14.30.

Sin muchas posibilidades de revisar y con diversos pedidos que no fueron canalizados como corresponde, la oposición corre contrarreloj para analizar una serie de cuestiones vinculadas a lo que les toca: el análisis político de oportunidad, mérito y conveniencia de la ejecución del presupuesto de recursos y gastos durante el año electoral.

Aunque hubo dificultades para acceder a los módulos de Rafam —sólo habilitaron acceso a dos de los nueve y en una computadora sola para todos los ediles, sin reclamos airados de Martín Rivas, como en la época en la que no era “garante de la gobernabilidad”—, los bloques opositores revisaron algunos ítems sobre los que quieren detalles.

En el orden del día de la sesión ordinaria de este jueves figura una solicitud del bloque San Pedro Puede, que preside Ariel Rey, en la que piden que les remitan copia o les permitan tomar vista de órdenes de compra y órdenes de pago de 18 proveedores.

Entre ellos, llamó la atención al menos uno, del que piden ver el detalle de 60 facturas. Las vinculaciones de ese proveedor llamaron aún más la atención, puesto que tiene relaciones políticas, sindicales y hasta incompatibilidades administrativas previstas por la Ley Orgánica.

La empresa se llama Nexo de San Pedro SRL y su socio gerente, según obra en Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires desde 2021, es Mauricio Preiti, en cuyo domicilio tiene asiento legal.

Preiti es exconcejal, exsindicalista de Seda, expresidente del PJ local, habitual integrante de la asamblea de Mayores Contribuyentes —aunque tiene intereses en contratos con la Municiipalidad—y de fluida relación con Horacio Azzoni, el sindicalista de la Uocra.

Cada vez que se señala esa relación Azzoni dice que “Preiti no tiene nada que ver con el gremio” y que sólo son “amigos” y que tiene algún tipo de vínculo laboral con su hijo Santiago, con quien además comparte sociedad en otras empresas.

Nexo de San Pedro SRL tiene una amplia gama de actividades que abarca: servicios de comida; alojamiento y hospedaje; alquiler de maquinaria; transporte de cargas; construcción y reparación de edificios; servicios de protección civil; transporte automotor de pasajeros.

En Rafam figuran esas 60 órdenes de pago, muchas de ellas, la mayoría canceladas y algunas sin cobrar al cierre del ejercicio, por montos que van de los 80 mil pesos a los 8 millones.

Además de esas múltiples facturas por servicios cuyo detalle no aparece en sistema y forma parte de lo que pidió la oposición al Gobierno, Nexo de San Pedro aparece como adjudicataria de la contratación directa para la construcción de la platea de hormigón para los consultorios modulares externos del Hospital.

El detalle que pide la oposición más ese contrato de obra,  de 35,6 millones de pesos, suman en total alrededor de 164,5 millones de pesos.

Las facturas serían por tareas de “mantenimiento” en diversos sectores y por servicios de transporte de pasajeros como los que el Gobierno ofreció para eventos en localidades, como la Fiesta del Durazno.

Nexo de San Pedro aparece en los boletines oficiales del año 2024 como adjudicataria de refacciones del SUM de La Tosquera y porque en ese mismo año solicitó habilitación del shop de la estación de servicio de Pellegrini y 3 de Febrero, que fue denegada porque no cumplió con los requisitos relacionados con seguridad antisiniestral ante Bomberos de San Nicolás.

En ese momento, 11 de enero de 2024, la resolución establecía que la empresa tenía “siete días para que se proceda al retiro de las mercaderías, elementos, mobiliario y útiles existentes” en el lugar, que todavía funciona sin que haya aparecido en el Boletín Oficial la autorización correspondiente.

De la misma manera, la empresa Nexo de San Pedro fue hasta marzo locataria de un inmueble ubicado en Rivadavia y Perón, donde funciona la denominada Posada Los Robles, que históricamente careció de habilitación  y cuyos propietarios litigaron por ello con la Municipalidad.

En ese hospedaje, del que tampoco hay registro público de que haya sido habilitado como corresponde, solían parar funcionarios del Gobierno que no tenían domicilio en San Pedro, como el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, aunque se desconoce si por cuenta del Municipio o propia.

La solicitud para conocer detalles acerca de lo facturado por esta empresa tiene como eje la sospecha de que habría sido favorecida por sus vínculos políticos en una gran cantidad de contrataciones.