Arena en barco a Vaca Muerta: corre el plazo judicial para la decisión sobre la inversión en el puerto
El conflicto judicial que se desató tras el anuncio de una inversión en el puerto local para operar carga de arena en barcos con destino a Vaca Muerta sigue demorado por los plazos y pasos que se deben cumplir para tomar una decisión.
La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1 debe resolver si levanta o ratifica la paralización de las obras y por ello esta semana corrió traslado a la firma demandante, San Pedro Arenas S. A., de las presentaciones y descargos efectuados tanto por el Consorcio de Gestión del Puerto como por la adjudicataria Silos Areneros Buenos Aires S.A.I.C.
A partir de ese momento la empresa de la familia Lázaro cuya cara visible es el exdiputado Germán López y que preside su hijo Agustín López Costa cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder a los argumentos expuestos por las contrapartes. Transcurrido ese período el expediente quedará en condiciones de que María Isabel Fulghieri resuelva sobre la medida cautelar.
La causa caratulada “San Pedro Arenas S.A. c/ Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro s/ Medida Cautelar Anticipada” mantiene frenadas todas las tareas preliminares y de montaje que Silos Areneros había iniciado en el predio de 16.500 metros cuadrados —históricamente perteneciente a la firma Quinteiro—, tras obtener un permiso de uso por diez años.
San Pedro Arenas objetó la adjudicación alegando vicios en el procedimiento administrativo y reclamando prioridad sobre un proyecto similar que presentó el 29 de junio, cuando la otra compañía había comenzado con sus gestiones en el año 2024 y ahora llevaba varios meses de gestiones con la autoridad portuaria.
El Directorio del Consorcio de Gestión envió la documentación que defiende la legalidad de los pasos dados y la viabilidad del proyecto, que contempla el despacho de buques hacia Bahía Blanca y San Antonio Este para abaratar el flete terrestre hacia la cuenca neuquina.
Para San Pedro, el riesgo es que la pulseada judicial y otro tipo de intereses terminen frustrando una operatoria capaz de generar empleo, actividad para el puerto y cobro de tasas.
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